Ley que regula y controla la administración y gestión de los servicios postales para garantizar el derecho de los usuarios a la prestación eficiente, oportuna y segura del servicio. De acuerdo con este instrumento legal, los servicios postales se consideran servicios de interés general y son administrados, regulados y controlados por el Estado, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. No obstante, se considera únicamente al Servicio Postal Universal (SPU) como un servicio público.