El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la petición de rehabilitar el impedimento para laborar en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por interdicción judicial (declaración judicial de incapacidad, que inhabilita a una persona para realizar ciertos actos), concurso de acreedores o insolvencia fraudulenta, con la finalidad de verificar que su condición haya sido regularizada y certificar que se encuentra rehabilitado para vincularse nuevamente en el servicio público.
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