Reglamento que tiene por objeto regular los trámites y procedimientos de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo, conforme a sus fines y atribuciones constitucionales y competencias legales.  Es de aplicación obligatoria para todas las dependencias dentro y fuera del territorio nacional en el marco de las atribuciones y competencias para la atención de peticiones de personas naturales, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montuvio, colectivos, organizaciones y quienes asuman la legitimación activa dirigida a la protección y tutela de los derechos humanos y de la naturaleza.