Para el Estado y los municipios, el catastro es un elemento de gran valor, en virtud de que es una herramienta que sirve para garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: su descripción física, jurídica y valor económico. Una adecuada legislación catastral incide en aspectos fundamentales como la seguridad y la certeza jurídica en la tenencia de la tierra como prioritario mecanismo de tributación a nivel municipal, como base de datos para la planificación como referencia para el ordenamiento territorial, como guía elemental para la prestación de servicios públicos, como elemento caracterizador del destino de las políticas sociales; y, como rasgo deterrninante de las políticas de desarrollo. Al corresponderle a la municipalidad asumir las facultades y competencias que le confiere la Constitución y el Codigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, la expedición y posterior aplicación de esta reforma a la ordenanza pertinente, será el instrumento legal para el cobro del impuesto predial en nuestra jurisdicción.