Establece normas para orientar la planificación, el desarrollo integral de la Amazonía, abordando temas sociales, económicos, ambientales, culturales y educativos, promoviendo la participación de pueblos y nacionalidades, así como la igualdad entre mujeres y hombres. Su aplicación comprende a las provincias amazónicas, comunidades, instituciones públicas y privadas que realizan actividades en este territorio. Quienes operan o intervienen en la región están obligados a cumplir sus disposiciones y a respetar los principios de sostenibilidad, conservación de la naturaleza y buen vivir.