Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. En esta materia se aplicarán los principios previstos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en este Código.

Las decisiones administrativas se adecuan al fi n previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico.