En esta ordenanza se establecen multas para el incumplimiento de las medidas de restricción vehicular con el objetivo de disuadir a los ciudadanos de incurrir en conductas contrarias a la normativa metropolitana. Sin embargo, las multas junto con las sanciones adicionales, como la retención del vehículo, estarían en conflicto con el principio constitucional de la proporcionalidad para la imposición de sanciones.