Decreta las normas de optimización y austeridad del Gasto Público, de aplicación obligatoria para todas las Instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, incluidas las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, exceptuando las que integran el regímen autónomo descentralizado y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos