Establece un marco legal en el que establece los requerimientos mínimos que las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, deben cumplir para obtener de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la resolución aprobatoria para la emisión de obligaciones o el criterio positivo para la titularización.