Establece normas uniformes para la protección de niños en situaciones transfronterizas, determinando la autoridad judicial competente, la ley aplicable y asegurando el reconocimiento y ejecución de las medidas de responsabilidad parental y protección entre los Estados parte. Su objetivo principal es garantizar la protección de los niños y evitar decisiones contradictorias sobre su custodia, crianza y administración de sus bienes en casos internacionales.