Establece un marco legal para el otorgamiento de incentivos económicos y honoríficos en materia ambiental a personas natuales y jurídicas del sector público y privado que operen dentro del territorio nacional, y fomenten el uso de los bienes y servicios ambientales de manera sostenible, así como el desarrollo de los medios que permiten su alcance, como la innovación, transferencia de tecnologías, y en general cambio de patrones de producción y consumo.