Artículo 1.- DELEGAR al Subsecretario de Infraestructura del Transporte, para que a nombre y representación del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, tenga la facultad de suscribir todo los actos administrativos concernientes al Derecho de Vía; a los procedimientos administrativos señalados en el Capítulo II “Conservación de la Infraestructura del Transporte Terrestre”; y, el Capítulo VII “Infracciones que afecten a la Infraestructura Vial de la Ley Orgánica del Sistema Infraestructura Vial del Transporte Terrestre”, en todo lo que corresponda a la Red Vial Estatal.

Artículo 2.- DELEGAR a las Direcciones Distritales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ejecución de los actos administrativos que emita el funcionario delegado en el artículo 1 del presente.

Establece un marco legal para las regulaciones para la construcción o reconstrucción de centros de distribuciones de combustibles al borde de los caminos primarios y secundarios de la red básica del país, mediante el cual se norman los procedimientos de solicitud y otorgamiento de autorizaciones, los efectos de la autorización, las modificaciones o suspensión de la autorización y las normas mínimas, que deberán ser cumplidas por los centros de distribución que se encuentren en proceso de construcción o reconstrucción.

Requisitos de validez del acto administrativo.
Son requisitos de validez:
1. Competencia
2. Objeto
3. Voluntad
4. Procedimiento
5. Motivación

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:
1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.
2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.
4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.
5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones
políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la
ley.
6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las
actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se
priorizarán los impuestos directos y progresivos.

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y
servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de
riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y
aeroportuarias, y los demás que determine la ley.
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios
públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales
y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces,
autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación
de la norma jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial
la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículo 1. Objeto. “La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el diseño, planificación, ejecución, construcción, mantenimiento, regulación y control de la infraestructura del transporte terrestre y sus servicios complementarios, cuya rectoría está a cargo del ministerio encargado de la competencia de vialidad, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados.”

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. “Las disposiciones de esta Ley, serán de aplicación obligatoria para aquellas entidades que conforman el sector público según la Constitución de la República, las personas jurídicas o naturales del sector privado, de economía mixta y de la economía popular y solidaria; y, de todas aquellas cuya actividad de servicio público se encuentre relacionada con la infraestructura del transporte terrestre y sus servicios complementarios. Para efectos de la aplicación de la presente Ley se entiende como ministerio rector a aquel que ejerza la competencia de vialidad, la infraestructura del transporte terrestre y sus servicios complementarios.”

Artículo 19. Derecho de Vía. “Es la faja de terreno permanente y obligatoria destinada a la construcción, mantenimiento, servicios de seguridad, servicios complementarios, desarrollo paisajístico y futuras ampliaciones de las vías, determinada por la autoridad competente. Los terrenos ubicados dentro del derecho de vía constituyen bienes de dominio público y la autoridad competente tendrá la facultad de uso y goce en cualquier tiempo. En el caso que estos predios sean de propiedad de terceros, la autoridad competente aplicará el procedimiento expropiatorio regulado en la ley de la materia”.

Artículo 23. El derecho de vía y sus condiciones de uso. Sólo, cuando se trate de la prestación de un servicio público o de interés general y no afecte a la seguridad vial, sin
modificar los niveles de servicio previstos para el proyecto y de acuerdo a la clasificación de la vía, podrán realizarse obras o instalaciones en el área del derecho de
vía de la carretera, previa autorización de la autoridad competente

• Artículo 42. Determinación. “De manera general el derecho de vía se extenderá a 25 metros, medidos desde el eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente el cerramiento, debiendo para la construcción de vivienda observarse un retiro adicional de 5 metros”.
• Artículo 44. Autorización de obras. “Para realizar en los retiros cualquier tipo de obra o cultivo se contará previamente con la autorización de la autoridad o su delegado a cargo de la competencia de la vía, además de cumplir con otros permisos atinentes al uso de suelo dependiendo el caso”
• Artículo 45, Procedimiento de autorización: “Los interesados en obtener el permiso de obra en los retiros deberán presentar: 1.- Solicitud escrita. - La parte interesada debe presentar en la respectiva entidad competente de la vía, una solicitud escrita de autorización de uso del retiro que integra el derecho de vía, con una explicación breve de los fines de uso: así como el tiempo. La solicitud deberá incluir, nombres completos, del propietario, dirección, teléfonos y correo electrónico para contactos futuros. 2.- Documentación. - Se deberá adjuntar a la petición, un croquis de ubicación, planos de construcción, copia del título de propiedad, certificado de gravámenes actualizado, copias de cédula y papeleta de votación vigente, y si el caso amerita deberá adjuntar documentación habilitante para su trámite. 3.- Inspección. -Cumplidos los requisitos, la autoridad competente o su delegado designará un perito acreditado por el ministerio rector, en el caso de las vías bajo su jurisdicción o competencia, o, por el organismo competente en los demás casos, y, un delegado que presidirá la inspección. En esta inspección se determinará los aspectos técnicos y la veracidad de la solicitud, el cual será sustentado por un informe técnico. 4.- Negativa. - De no cumplirse con los parámetros técnicos establecidos, se negará la autorización solicitada.”