El presente Reglamento tiene por objeto regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado.

El artículo 381 establece que el deporte y la actividad física no son solo actividades recreativas, sino un derecho y una responsabilidad del Estado, que debe fomentarlos como parte del bienestar y desarrollo de la población.

Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva.

Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley

Responsabilidad de los órganos de dirección o gobierno.- En los casos que corresponda, el órgano de dirección o gobierno de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, que operan en el territorio nacional, adicional a las atribuciones conferidas en los correspondientes estatutos, será responsable de aprobar y vigilar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Integridad Institucional, así como del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento General.
La entidad encargada del control, podrá requerir información sobre los sistemas de integridad, las normas, los programas y/o las políticas de cumplimiento, prevención, dirección y/o supervisión que
hayan implementado las OSSFL. 

Art. 13
Procedimiento de aprobación.- Para la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica por parte de la autoridad competente, se observará el siguiente procedimiento:
1. La organización social ingresará la solicitud de aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica, mediante oficio dirigido a la autoridad de la institución competente del Estado, adjuntando la documentación en físico o de manera electrónica en los canales que las entidades del estado competentes creen o mantengan para la recepción de trámites. El servidor público de la institución competente verificará que la documentación se encuentre completa y emitirá un recibo de inicio de trámite en caso de que el ingreso de la solicitud y sus anexos sea físico; en caso de que el ingreso sea por medio electrónicos, una vez que revisada la documentación se encuentre completa, se remitirá un correo de respuesta con la asignación del número de trámite correspondiente para su inicio y trazabilidad.
2. El servidor público responsable, a quien fuere asignado el trámite, revisará que la documentación de soporte cumpla con los requisitos exigidos en el presente Reglamento; que el estatuto no se
contraponga al orden público, a la Constitución de la República y a las leyes; y, emitirá un informe motivado a la autoridad competente, que será puesto en conocimiento de la organización social
requirente, dentro del término de hasta 15 días, contados desde que se presentó la solicitud; 3. Si del informe se desprende que la documentación cumple con los requisitos exigidos para el
otorgamiento de la personalidad jurídica, la autoridad competente aprobará el estatuto y otorgará la personalidad jurídica a la organización social solicitante, dentro del término de 3 días subsiguientes;
4. Si del informe se desprende que la documentación no cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento de la personalidad jurídica, la autoridad competente concederá un término de hasta 20 días para que la organización complete o subsane los requisitos establecidos en este Reglamento y reingrese la documentación; el servidor público revisará la información reingresada y dentro del término de hasta 10 días emitirá un nuevo informe. En caso de que la documentación reingresada cumpla con los requisitos correspondientes, se procederá según dispone el numeral 3 de este artículo; en caso de que la documentación reingresada no cumpla con los requisitos correspondientes, se procederá con el archivo, cierre del trámite y notificación a la organización requirente. 
El silencio administrativo positivo aplicará en caso de no resolución en un plazo 60 días