Regular y controlar las actividades relacionadas con la producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de sustancias catalogas sujetas a 50 fiscalización, a través de la verificación del cumplimiento de la normativa pertinente para garantizar su uso lícito y prevenir el desvío de las referidas sustancias a nivel nacional.

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional.

Este tratado fue adoptado en 1961 para regular las sustancias estupefacientes, aunque se limitó a un grupo específico de drogas.

El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 es un tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas firmado en 1971, cuyo objetivo principal es sumarse a la Convención Única sobre estupefacientes de 1961 creando un mecanismo similar para la fiscalización de "sustancias sicotrópicas".

ANEXO A LISTA AMARILLA Lista de estupefacientes, de conformidad con el Convención de Estupefacientes de 1961
ANEXO B LISTA VERDE Lista de sustancias sicotrópicas de conformidad con el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971
ANEXO C LISTA ROJA Lista de precursores y sustancias químicas utilizados frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988

Se actualizan los Anexos A, B, C, que integran la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización

Autorización de importación o exportación. - Las personas naturales y jurídicas calificadas y autorizadas como importadores o exportadores, previo al embarque, obtendrán de la Secretaría Técnica de Drogas, o de la Autoridad Sanitaria Nacional, según corresponda, autorización para la importación o exportación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan. El incumplimiento será sancionado con multa equivalente al valor de las sustancias o medicamentos en aduana, y su comiso, sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar.

Alcance de la autorización. - La autorización previa tendrá vigencia de ciento ochenta días para importación y noventa días para exportación, plazos dentro de los cuales se deberán realizar los embarques. Esta autorización será utilizada por una sola vez y será válida para un embarque. Las autorizaciones previas no ampararán las importaciones o exportaciones de sustancias o productos de naturaleza distinta. En los casos de embarques declarados en abandono total, la Autoridad Aduanera Nacional dispondrá el depósito de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el Ministerio de Gobierno.

En un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que manejen las sustancias catalogadas en los Anexos A, B y C de la presente Resolución deberán obtener de autoridad competente las autorizaciones necesarias y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa correspondiente, debiendo el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el ámbito de sus competencias, establecer los procedimientos correspondientes.