Regular y controlar las actividades relacionadas con la producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de sustancias catalogas sujetas a 50 fiscalización, a través de la verificación del cumplimiento de la normativa pertinente para garantizar su uso lícito y prevenir el desvío de las referidas sustancias a nivel nacional.

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional

Este tratado fue adoptado en 1961 para regular las sustancias estupefacientes, aunque se limitó a un grupo específico de drogas.

El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 es un tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas firmado en 1971, cuyo objetivo principal es sumarse a la Convención Única sobre estupefacientes de 1961 creando un mecanismo similar para la fiscalización de "sustancias sicotrópicas".

 Cambio de datos. - Las personas naturales y jurídicas calificadas comunicarán documentadamente al Ministerio de Gobierno, o a la Autoridad Sanitaria Nacional, según corresponda, dentro de veinte días hábiles, cualquier cambio de los datos que hayan sido proporcionados para la calificación.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general.

Verificación de información. - Si en los procesos de revisión y verificación se constata que la información, datos y demás condiciones técnicas, no se corresponden con los proporcionados por las personas naturales o jurídicas para la obtención de la calificación o autorización, o para el cambio de datos, será sancionada con una multa de cinco a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

 Notificación de cambio de datos.- La persona natural o jurídica calificada notificará el cambio de datos, al Coordinador Zonal de su jurisdicción, en el término de veinte días.

Modificación de la calificación. - Durante la vigencia de la calificación, las personas naturales y jurídicas podrán solicitar la inclusión o modificación de actividades, los nombres del representante legal, del técnico de ser el caso, bodeguero y sitios autorizados para el manejo, cambio de representante logístico, inclusión o eliminación de vehículos y conductores, utilizando los formularios publicados en la página web del Ministerio de Gobierno. Las solicitudes serán aprobadas o negadas por el Coordinador Zonal del Ministerio de Gobierno de acuerdo a su jurisdicción dentro del término de ocho días desde la recepción de la solicitud, previa la recepción del informe técnico.