Establece la creación del Ministerio de Comercio Exterior como organismo de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios, como rector de la política de comercio exterior no petrolera; transfiere las atribuciones, programas, proyectos, representaciones y delegaciones al Ministerio, que incluye la administración de la certificación de origen de mercancías, así también reestructura el Comité de Comercio Exterior (COMEX).