Establece un marco legal que reforma a los procedimientos, regulaciones de las actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental que incluyen el aire, el agua, el suelo, y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza.